la conciencia pública y privada), allí donde las leyes excluyan esa pena despojarán a la ciudadanía de las garantías constitucionales necesarias para asegurar el derecho de cada uno al equilibrio de conciencia y a la seguridad moral. Esta seguridad sólo puede proporcionarla un instrumento que, como la pena de muerte, sea capaz de llegar a demostrar de modo taxativo y concluyente quién, en efecto, no era -tal como ya, por lo demás, se venía sospechando desde siempre-