según informaron fuentes policiales. Las empresas implicadas en el fraude son un total de cincuenta, de diversos sectores, entre las que figuran también sociedades instrumentales de intermediación para la revalorización artificial de propiedades inmobiliarias y terrenos. Eran las encargadas de realizar facturas falsas sobre operaciones de menor cuantía o inexistentes. En los registros efectuados, con mandamientos expedidos por el Juzgado Central de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, ha sido hallada abundante documentación de vital importancia para establecer las dimensiones e implicaciones del