, continuando la misma línea argumental, manifestó reiteradamente el desconocimiento de los poderes concedidos por su cuñado. Aludió a la existencia de un mandato verbal que le permitía vender la embarcación y señaló que a José Ramón Alvarez nunca se le impidió utilizar la lancha. El repentino cambio en las declaraciones obligó al ministerio fiscal a modificar sus conclusiones provisionales. Elevó a definitivas la petición de un año de prisión menor para Manuel Charlín y retiró la solicitud de los tres millones de pesetas, que