" se descubrió en verano de 1989, cuando el profesor fue acusado de pedir 100.000 pesetas a dos alumnas por aprobarles unas asignaturas que tenían pendientes. Por aquellos hechos fue denunciado y detenido por la policía. La Audiencia Provincial lo condenaría a seis años de inhabilitación para ejercer la docencia, cuatro meses de arresto y multa de 100.000 pesetas por cohecho. La sentencia está recurrida en el Supremo. Paralelamente, la Universidad abrió un expediente, que es el que ahora se resuelve