comparecencia judicial cualquier reclamación, incluida la devolución de los tres millones de pesetas pagados en su día. Por su parte, Manuel Charlín, continuando la misma línea argumental, manifestó reiteradamente el desconocimiento de los poderes concedidos por su cuñado. Aludió a la existencia de un mandato verbal que le permitía vender la embarcación y señaló que a José Ramón Alvarez nunca se le impidió utilizar la lancha. El repentino cambio en las declaraciones obligó al ministerio fiscal a modificar sus conclusiones provisionales. Elevó