la Propiedad Inmobiliaria pidió la derogación del denominado decreto Boyer y la liberalización del mercado de alquileres. Parenti señaló que las 1.370.000 viviendas alquiladas a precios que no sobrepasan las 2.000 pesetas, unas 150.000 no están ocupadas habitualmente, ya que se conservan como segundas residencias. Parenti opinó que la actualización de la renta de estas viviendas se podría regular en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que permitiría "un importante descenso" de los precios que se pagan actualmente por muchos alquileres.