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que permitieron el inicio de la Operación Mago, Ricardo Portabales Rodríguez y Manuel Fernández Padín, "que con su denuncia irreal o falsa involucraron a los demás en beneficio propio", en palabras de uno de ellos. Asimismo, los defensores adujeron la nulidad de muchas de la pruebas ordenadas por Garzón, como la recopilación de libros de registro y contabilidad o la intervención de las comunicaciones telefónicas de los sospechosos, por entender que no son medios aptos para deducir de los mismos |
1VO:025-1.3-52 |